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23.12.2011
 
Declaran la nulidad de una multa de ARBA porque no aceptó las pruebas de una firma
Declaran la nulidad de una multa de ARBA porque no aceptó las pruebas de una firma
 
Declaran la nulidad de una multa de ARBA porque no aceptó las pruebas de una firma
 
En una reciente causa, el Tribunal Fiscal de Apelaciones de Buenos Aires entendió que el organismo de recaudación bonaerense había accionado contra el derecho de defensa de una compañía.
 
  Autor:
| a.a
Los agentes de percepción y retención de impuestos son una "herramienta" muy importante para las administraciones fiscales.
 
Esto es así, por dos razones: por un lado, porque se encargan de recolectar fondos de todos los contribuyentes con los que trabajan, de modo que facilita la tarea del fisco al momento de recaudar impuestos.
 
Pero, además, porque permiten a las administraciones tributarias hacerse de ingresos anticipadamente, es decir, antes del vencimiento mensual del pago de las respectivas declaraciones juradas.
 
No obstante, lo que para unos es un gran alivio, puede convertirse en una pesadilla para los obligados, ya que, ante algún incumplimiento, pueden recaer sobre ellos importantes sanciones.
 
Esto fue lo que sucedió en una reciente causa donde el Tribunal Fiscal de Apelaciones de Buenos Aires tuvo que determinar la nulidad de una sanción impuesta por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que no había aceptado como prueba pericias contables que, contrariamente a las pretenciones fiscales, beneficiaban al contribuyente (en este caso, un agente de percepción de Ingresos Brutos).
 
Los especialistas consultados destacaron la importancia del fallo debido a que pone un límite a las administraciones tributarias que, en su afán recaudador, imposibilitan el ejercicio del derecho de defensa como lo establece la ley.
 
Las claves del caso
Todo comenzó cuando los funcionarios de ARBA fijaron una multa de más de $230.000 a la firma Cladan SA por no ingresar las percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e hizo responsable solidariamente al presidente y al apoderado de la compañía.
 
Ante esto, la sociedad decidió presentarse ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones, alegando que no se había "respetado la garantía del debido proceso adjetivo", ya que no habían sido aceptadas las pruebas remitidas a la delegación fiscal.
 
La firma especificó que, si bien al vencimiento de la declaración jurada las sumas se encontraban facturadas, no estaban cobradas, de modo que la compañía no había percibido nada. 
 
Y, para demostrar esa situación, la empresa ordenó una pericia contable que no fue aceptada por la administración tributaria.
 
De este modo, desde la compañía entendieron que la falta de admisión de la misma provocaría "un perjuicio latente en los apelantes al no poder ejercer plenamente su derecho de defensa".
 
Asimismo, se agravió sobre la multa, que fue fijada en un 200%, "sin fundamentación alguna".
 
Por todo lo expuesto, los vocales decidieron avalar a Cladan y declarar la nulidad de la multa.
 
Para arribar a esa conclusión, sostuvieron que "la conducta efectivamente punible consiste en mantener impuestos percibidos una vez vencidos los términos legales para su ingreso", de modo que, "los hechos invocados por la firma y la prueba pericial, tendiente a acreditar los mismos, en principio resultan conducentes a demostrar la inexistencia del elemento objetivo requerido por la sanción aquí aplicada".
 
Además, destacaron que "en la Disposición apelada se explica que el contribuyente no presenta pruebas de hechos que justifiquen el retraso en el pago (...) lo cual es claramente desacertado, ya que la firma acompañó prueba documental y ofreció prueba pericial contable".
 
Los vocales señalaron que "la posibilidad de rechazo (...) se encuentra limitada -por imperativo legal- exclusivamente respecto de aquellas medidas probatorias que resulten manifiestamente inconducentes o irrelevantes a los efectos de dilucidar las circunstancias juzgadas", cosa que no ocurre en esta causa.
 
Y, por último, remarcaron que el mismo ordenamiento fiscal "prevé dentro del ámbito de procedencia de la nulidad la no consideración de la prueba producida". 
 
En este punto, "se advierte que el supuesto infractor acompañó prueba documental con su escrito de descargo (...) la que ni siquiera es mencionada -y mucho menos valorada- por la disposición sancionatoria".
 
"El procedimiento administrativo debe garantizar al individuo el derecho de defenderse, garantía que no puede ser restringida arbitrariamente por la Autoridad de Aplicación", concluyeron.
 
Voces
La abogada especialista en impuestos, Karina Larrañaga, remarcó que "el fallo dictado por el Tribunal es muy positivo y tiene muchos puntos que deben rescatarse", entre los que destacó "el límite al accionar discrecional de ARBA en los procesos contenciosos que lleva a cabo el organismo".
 
La especialista destacó "la ratificación que hace el Tribunal sobre la necesidad de analizar tanto el tipo objetivo como subjetivo de la infracción, al momento de juzgarla, en contraposición con lo sostenido, en forma pacífica y reiterada, por la Administración Provincial en cuanto a que las infracciones tributarias son meramente objetivas". 
 
"No debemos olvidar aquí que la provincia de Buenos Aires aplica importantes sanciones económicas a los contribuyentes y/o responsables" que han incurrido en incumplimientos, indicó. 
 
Asimismo, la experta rescató otro punto importante, al señalar que "lo fundamental de la sentencia" está en lo respectivo "al derecho de defensa del contribuyente, materializado en la posibilidad de los contribuyentes y responsables de ofrecer y producir pruebas tendientes a acreditarlo".
 
"La resolución en análisis da cuenta de la posición de ARBA, en tanto, coloca al contribuyente en un total estado de indefensión, rechazando en forma arbitraria y discrecional todas y cada una de las pruebas ofrecidas sin fundamento alguno", indicó Larrañaga.
 
Por otra parte, Lucio Vuotto, Abogado Senior de KPMG, sostuvo que "el fallo se destaca, no por esclarecer el fondo de la cuestión, sino por revalorizar las garantías y derechos de los contribuyentes al momento de ejercer sus defensas y, entre ellos, los que son tan importantes como el de ofrecer y producir prueba tendiente a acreditar los dichos alegados, así como a obtener una resolución en la que se traten tales elementos razonablemente, y no que configuren un mero ritual de rechazo liminar de lo expuesto por el contribuyente". 
 
"Más aún cuando en tales actos nulos se asume una posición diametralmente opuesta, y sólo respaldada por -la bastante sobreestimada- presunción de legitimidad del acto administrativo", remarcó.
 
Y agregó: "Debemos destacar, además, que el Tribunal recalca, que si bien algunas falencias mínimas de los actos administrativos pueden ser subsanadas en etapas posteriores, el desconocimiento de elementos tan importantes como la producción y valoración de la prueba convierten en letra muerta a las normas de procedimientos tributarios y por ende, a las garantías".
 
En el mismo sentido, Gastón Vidal Quera, miembro del Departamento Contencioso Administrativo Fiscal y Aduanero de Lisicki, Litvin & Asociados, indicó que "se trata de un fallo que resalta que, en materia de sanciones, antes de aplicar las mismas, debe tenerse en cuenta las pruebas que sean ofrecidas en instancia administrativa, debido a que, de acuerdo al Código Fiscal, solamente pueden ser rechazadas las `manifiestamente inconducentes o irrelevantes a los efectos de dilucidar las circunstancias juzgadas´". 
 
"En otras palabras, no se puede rechazar pruebas con manifestaciones genéricas, cuando se trata de medios que sirven para llegar a la verdad material objetiva y solamente pueden rechazarse las que tengan las circunstancias apuntadas", resaltó el especialista. 
 
Una "mala costumbre"
En otro orden de ideas, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, explicó que, pese a que no debería suceder, esta situación se reproduce muy seguido en el ámbito de las administraciones fiscales.
 
En este sentido, sostuvo que "lamentablemente es común que los organismos fiscales, tanto a nivel nacional como local, suelan omitir la producción y/o merituación de prueba conducente para la resolución de las diversas cuestiones". 
 
"Este proceder -continuó el experto-, además, de violar la garantía del debido proceso, genera un innecesario dispendio de actividad jurisdiccional, sobrecargando de trabajo a los órganos de apelación superiores". 
 
"En aras de una actividad administrativa legítima y más eficiente, es necesario que los distintos fiscos produzcan y valoren adecuadamente las pruebas que ofrezcan los contribuyentes", concluyó Scalone. 
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