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22.12.2010
 
Impuesto a la herencia:reglamentan avanzada para abrir las cajas de seguridad
Cajas de seguridad: Una reiterada obsesión del fisco bonaerense.
 
Cajas de seguridad: Una reiterada obsesión del fisco bonaerense.
 
Polémica herramienta:viola el derecho a la intimidad y a la propiedad privada
 
  Autor:
| a.a
Desde la gestión del polémico ex recaudador, Santiago Montoya, las cajas de seguridad se han convertido en una reiterada obsesión del fisco bonaerense.

En efecto, se tuvo acceso exclusivo al flamante decreto que estipula un cuestionado mecanismo para que, a los fines de determinar el impuesto a la herencia, el fisco pueda identificar y valuar los bienes contenidos en los cofres.

La norma ya disparó un profundo debate por el impacto que tendría para los titulares de dichas cajas de seguridad.

En este escenario, reconocidos expertos consultados por este medio advirtieron que esta herramienta viola el derecho a la intimidad y a la propiedad privada. Asimismo, destacaron que el decreto reglamentario otorga excesivas facultades a la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA).

 Qué dice la norma
El impuesto a la herencia bonaerense alcanza a las personas físicas y jurídicas que resulten beneficiarias de una transmisión gratuita de bienes. Se cobra sobre el bien heredado, aunque quien lo reciba viva en otra provincia.

Así, desde el año próximo, el tributo alcanzará a un universo más amplio de contribuyentes dado que se ajustó de $3 millones a $200.000 -por heredero- el importe a considerar a los fines de determinar si la transmisión gratuita de bienes queda sujeta al mismo.

En este contexto, la polémica fue disparada por el inciso 5, del artículo 101 del cuerpo normativo del tributo, al establecer que "los bienes que se encuentren en cajas de seguridad se deberán valuar a través de una tasación pericial, previo inventario de sus existencias, con intervención de ARBA".

Gastón Vidal Quera, miembro del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados, puntualizó que, según la norma, "para realizar el inventario y tasación de los bienes depositados en cajas de seguridad, se debe solicitar al juez que interviene en la sucesión, que designe un oficial de justicia ad hoc".

"También se establece, tanto en cabeza de los obligados a pagar el impuesto, como de los funcionarios judiciales y administrativos, la exigencia de comunicar fehacientemente a ARBA, con una antelación mínima de tres días, el lugar y hora en que se realizará la apertura de la caja de seguridad", agregó Vidal Quera.

En tanto, Tomás Wilson-Rae, titular del Estudio TWR Abogados, no dejó lugar a dudas: "Lamentablemente, y una vez más, la reglamentación es confusa e incompleta dado que determina quiénes participan de la apertura de la caja y quién realizará el inventario; pero lo principal es que la valuación de los bienes que allí se encuentran queda a la libre interpretación de los funcionarios de ARBA".

Puntualmente, los funcionarios deberán confeccionar un acta con el detalle de la totalidad de los bienes inventariados.

No obstante, Vidal Quera afirmó que "se contempla que la diligencia de inventario y tasación, y el resultado al que se arribe, se encontrarán amparadas por el secreto fiscal".

El experto también se sumó a Wilson-Rae y disparó: "La facultad otorgada vulnera el derecho a la intimidad y deja sin establecer qué sucederá cuando existan discrepancia entre los valores que estiman los funcionarios de ARBA y los que consideran los titulares de los bienes depositados en los cofres".

"La presencia de funcionarios del organismo recaudador provincial, junto con el titular de la caja de seguridad, para abrir y ver que elementos se encuentran adentro, parece una facultad excesiva, en miras de un loable y necesario propósito, como es el de recaudar los impuestos", concluyó Vidal Quera.

Gustavo Carreño, miembro del estudio Enrique Scalone & Asociados, aseguró que "sin perjuicio de que los bienes que podrían encontrarse en tales cajas forman parte de la base imponible del nuevo tributo provincial, se produce, con la intervención en cuestión, una manifiesta violación al derecho a la intimidad".

Con respecto al alcance del impuesto, destacó que "la facultad de ARBA para intervenir en el inventario estará restringida a las cajas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires sólo en aquellos casos que se trate de contribuyentes domiciliados en otras jurisdicciones".

"Asimismo, dicha facultad se extiende a todas las cajas de seguridad del país cuando los contribuyentes se encuentren domiciliados en la Provincia de Buenos Aires", aclaró Carreño.

Por otra parte, Víctor Romero, socio del Estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados, aseguró que "el polémico impuesto sigue avanzando sobre la propiedad privada y, particularmente, en conocer el contenido de los cofres de los contribuyentes".

"Se debería dar un claro mensaje para poner un límite a una administración fiscal excesiva", agregó Romero.

Cambios 2011
Complementariamente, la aprobación del Presupuesto provincial y la Ley Impositiva 2011 le permite al gobernador Daniel Scioli aumentar la carga fiscal que soportarán los bonaerenses a partir del mes próximo en el impuesto Inmobiliario y Patentes.

En lo referido al Impuesto Inmobiliario Urbano, si bien la suba en promedio se ubica en un 25%, el proyecto aprobado por ambas Cámaras provinciales crea un adicional del 20% sobre el monto del tributo calculado para edificaciones cuya valuación sea inferior a $20.000 y se encuentren ubicados sobre terrenos valuados en más de 200.000 pesos.

Hugo Kaplan, socio de Kaplan Volman & Asociados, explicó oportunamente que el nuevo cargo apunta a situaciones que, mayormente, se dan en la zona norte. "Existen muchos terrenos de alto valor con casas construidas -en muy buen estado- que tienen cerca de 50 años", explicó el experto.

"Esto hace que la construcción esté prácticamente amortizada. Por lo tanto, la aplicación de esta nueva herramienta es una manera de reconocer que hay un mayor valor intrínseco", precisó Kaplan.

De igual manera, la iniciativa establece un adicional del 25% sobre el monto del Inmobiliario Urbano para los terrenos baldíos que tengan una valuación fiscal superior a 43.750 pesos.

Por lo tanto, al sumar el nuevo cargo al aumento promedio del 25% se llega a un incremento que, en dicho tributo, se ubica en torno al 50%. Dicha suba afectará al 20% de las propiedades -las más caras de la provincia- cuya valuación fiscal supera los 800 mil pesos.

Desde el Gobierno bonaerense, el ministro de Economía, Alejandro Arlía, detalló el alcance del incremento propuesto:

  • Cerca de un millón de viviendas -las más humildes- seguirán exentas.
  • Para el 60% del total de las partidas, el aumento será de sólo $4 por mes.
  • Para el 20% siguiente, el incremento no superará los $16 por mes.
  • Para el 20% restante -las propiedades más caras- el aumento resultará mayor.

Inmobiliario Rural
Si bien las alícuotas del Inmobiliario Rural y las valuaciones por metro cuadrado no se modificaron, el Código Fiscal 2011 prevé la aplicación de coeficientes de incremento de hasta el 21%, según la zona en la que esté ubicada la propiedad.

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que "en las partidas rurales, la valuación fiscal se encuentra muy por debajo de los valores de mercado que el mismo modelo macro viabilizó a través de una mayor rentabilidad de la tierra".

"Además, el retraso se observa en relación a los valores de percepción de las rentas del sector, pudiéndose comprobar una fuerte caída del impuesto determinado por hectárea", agregaron desde el gobierno de Daniel Scioli.

Patentes
A fin de poner un freno a uno de los mecanismos más comunes de evasión, el proyecto aprobado por ambas Cámaras también triplica, desde 2011, el pago de Patentes para quienes -viviendo en la Provincia- radiquen su auto en otra jurisdicción a fin de reducir la carga fiscal que deben soportar, de manera fraudulenta.

Este tipo de maniobras surgen debido a que conviven diferentes criterios y pautas provinciales a la hora de determinar el pago anual de Patentes.

De hecho, algunas jurisdicciones llegan a cobrar hasta tres veces menos que el monto establecido por el Código Fiscal Bonaerense.

Puntualmente, la nueva normativa -que regirá en menos de un mes- indica que "los propietarios de vehículos automotores, con asiento principal de su residencia en territorio provincial, que tengan radicados los mismos en otras jurisdicciones, incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de la aplicación de una multa equivalente al 200% del tributo anual que se deja de ingresar a la Provincia".

"Detectado el incumplimiento, de no mediar la regularización del contribuyente, el fisco bonaerense podrá, asimismo, reclamar la deuda devengada desde la fecha del acto administrativo que disponga la pertinente inscripción de oficio", agrega la modificación aprobada.

Por ende, de tratarse de un evasor, la multa del 200% más el impuesto pendiente de pago hace que el monto anual a cancelar en Patentes se triplique.

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CAJAS, SEGURIDAD, FISCO, BONAERENSE, IMPUESTOS, HERENCIA, REGLAMENTOS,  

 
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